Es necesario que nuestra clase reclame la devolución de lo que antes era de todas y de todos: que vuelvan a ser públicas las grandes empresas eléctricas

La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente. Según fuentes oficiales habría  entre 3.5 y 8 millones de personas en España en esta situación. Estos datos son previos a la pandemia y a la subida de la electricidad que arrastra 2021, por lo que serán mayores a los que publica el Gobierno. 

A la subida de precios en otoño hay que incluir el hecho de que normalmente el precio de la electricidad se suele disparar en enero, cuando más frío hace y más necesario es para la salud y para la vida. Hay que recordar situaciones como la de la  Cañada Real, donde 4000 personas llevan más de un año sin suministro eléctrico.

Actualmente el precio de la electricidad está disparado por dos principales motivos, según el Banco de España: el precio de la emisión de gases contaminantes, y la subida del precio del gas, que se ha triplicado. El primero es un ejemplo de cómo  el capitalismo es capaz de ponerle precio a todo, y las empresas se venden entre ellas derechos de contaminación. 

Los beneficios de las tres principales eléctricas en España, Iberdrola, Enedesa y Naturgy, alcanzan los 700 millones de euros

Las energías renovables, que deberían ser la solución al problema medioambiental que sufre el planeta, se está configurando como otro oligopolio donde las empresas aprovechan para imponer su ley,  negándose a rebajar sus enormes beneficios en favor de una mayoría social que sufre pos su descontrolada avaricia. 

Los beneficios de las tres principales empresas eléctricas en España, Iberdrola, Endesa y Naturgy (85% del mercado) alcanzan los 7000 millones de euros. Sus beneficios astronómicos, que pagamos entre todos y todas, y dejan a millones de personas en riesgo, van a parar a manos de una minoría privilegiada. 

Tampoco sorprende la falta de respuesta de los principales partidos políticos, ya que tanto PSOE como PP cuentan con bastantes excargos públicos en los consejos de administración de estas empresas, con sueldos escandalosos. 

Si fueran empresas públicas podríamos utilizar estos beneficios para una planificación de la inversión que, a largo plazo, redujera la dependencia exterior, creara más puestos de trabajo y no permitiera que nadie pasara frío en nuestro país. 

Por todo esto, es necesario que las trabajadoras y los trabajadores reclamemos lo que se devuelva al país lo que antes era nuestro: Las grandes empresas eléctricas tienen que ser públicas.