• Falta de inversión, privatización y segregación en la Comunidad de Madrid

• El curso escolar 2021-22 comienza con menos profesorado, menos plazas públicas e incertidumbre en las medidas sanitarias.

En 2020-21 las ratios bajaron gracias a la presión de la comunidad educativa y a los fondos proporcionados por el gobierno estatal. Aunque las ayudas económicas siguen en pie, la CAM ha elegido volver a las ratios pre-pandémicas, reduciendo la contratación del profesorado de refuerzo en un 71%. Supone una pérdida de empleo, pero también expone a la comunidad educativa a más riesgo, en un momento de incertidumbre sobre la evolución del virus. La CAM ha ignorado a la comunidad educativa que, tras la experiencia de la bajada de ratios el curso pasado, señalan los beneficios para la convivencia escolar, la atención al alumnado y por tanto el aprendizaje.

Hemos empezado el curso presencialmente, dejando atrás la desastrosa política de semipresencialidad en 3º y 4º de la ESO y Bachillerato. En infantil 2º ciclo y primaria, siguen los grupos burbuja (con más ratio) y en secundaria la ley exige una distancia de seguridad de 1,2m (comparado con 1,5m el curso anterior). Dado los recortes en profesorado, en muchos centros es imposible mantener esa distancia, pero lejos de proporcionar más recursos o buscar soluciones, la CAM ha decretado incumplir la norma, rebajando aún más la seguridad en el aula.

Exigimos la bajada de ratios en todas las etapas para mejorar la calidad educativa y proteger contra los contagios. Apoyamos las movilizaciones de la Marea Verde contra la subida de ratios y en defensa de la Escuela Pública.

La falta de inversión pública en educación también se hace ver en la falta de plazas de FP. En julio, 24.000 alumnos/as se quedaron sin plaza pública en FP (grado medio y superior), una modalidad educativa cada vez más demandada en la sociedad, con una tasa de empleabilidad más alta que un título universitario. Ante el desajuste entre oferta y demanda, las empresas privadas, algunos fondos buitre, invierten fuertemente y ha aumentado su porcentaje de la oferta. Son empresas que buscan rentabilidad y están volcadas en las necesidades de las empresas, no la formación de los estudiantes. Los/las que han quedado sin plaza pública tendrán que pagar las altas tasas de la privada (la beca de la CAM cubre sólo una parte), o abandonar sus estudios. Denunciamos la falta de plazas públicas y la privatización de la Formación Profesional.

Otro ataque a la educación pública se da en la reciente circular sobre el funcionamiento de los Equipos de Orientación en la CAM. La reorganización, que propone aumentar el número de horas que los profesionales pasan en los centros y reducir las horas de trabajo en el Equipo, desarticula el modelo de orientación como elemento de conexión entre los diferentes usuarios y los servicios de su entorno. Aísla a los profesionales, dificultando las labores de coordinación, acompañamiento a profesionales nuevos, análisis de la zona y actividades de prevención. Exigimos la retirada de la circular y un aumento en el número de profesionales de Orientación.

 Denunciamos que las autoridades están aprovechando la situación

para limitar la participación de las familias en sus AMPAs

y fomentando un modelo privado de extraescolares. 

Las medidas sanitarias de la pandemia supusieron fuertes limitaciones a la entrada de familias en los centros, la participación en AMPAs y las extraescolares. Mientras Ayuso anuncia “la libertad” al levantar las limitaciones sanitarias y aumentar los aforos en el ocio nocturno y la hostelería en Madrid, las restricciones siguen en los centros escolares. La interpretación más estricta en algunas zonas supone para las AMPAs la imposibilidad de hacer reuniones en los centros u organizar extraescolares, mientras hay más libertad para las empresas privadas de extraescolares. Denunciamos que las autoridades están aprovechando la situación para limitar la participación de las familias en sus AMPAs y fomentando un modelo privado de extraescolares.

El legado histórico de la educación durante la república no se libra de la ola reaccionaria contra la memoria histórica. La última calle en recuperar su nombre franquista es la de la Maestra Justa Freire, encarcelada durante el franquismo por sus labores docentes e ideas pedagógicas. Exigimos el cumplimiento de la ley de memoria histórica y aprovechamos la oportunidad de recordar las maestras y maestros represaliados durante el franquismo.

Tras ganar las elecciones autonómicas con el lema “Libertad”, el PP avanza con su Ley Maestra de Libertad Educativa. Esta ley principalmente pretende blindar la educación concertada contra los tímidos intentos de la nueva ley de educación del gobierno (la LOMLOE) de controlarla, además de evitar la inclusión educativa de alumnado con necesidades especiales. Además, pretende proteger la enseñanza en castellano, que en Madrid sólo peligra en los centros bilingües promovidos precisamente por el PP. La ley ignora la necesidad de aumentar la inversión en la educación pública, que en Madrid está por debajo de la media europea y española, a pesar de ser la comunidad más rica del estado. Es una ley que ahonda en la segregación y desigualdad. Exigimos más inversión en educación en la comunidad de Madrid, y un modelo de educación pública e inclusiva.

En el ámbito universitario el ministro de universidades Manuel Castells presenta dos proyectos de reforma universitaria: el anteproyecto de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) y la recientemente aprobada LCU (Ley de Convivencia Universitaria). El texto de la LOSU presenta medidas que pueden considerarse positivas, como aquellas destinadas a lograr una mayor paridad entre hombres y mujeres en el ámbito académico o la reducción de los contratos temporales del personal docente e investigador, si bien se elimina la figura del contratado doctor. Sin embargo, las entidades estudiantiles han denunciado que la LOSU ha sido negociada únicamente con la Conferencia de Rectores. También la LCU ha sido duramente criticada por Estudiantes en Movimiento y otras organizaciones estudiantiles, que la han definido como un intento encubierto de limitar aún más derechos fundamentales del estudiantado como el derecho a huelga y recortar la ya escasa democracia interna universitaria, que cuenta con un sistema de representación claramente desfavorable para el estudiantado. Apoyamos el estudiantado en la lucha por sus derechos y una representación democrática en las universidades.