La crisis que estamos padeciendo actualmente con la pandemia del Covid-19 no ha hecho más que poner en relieve la vergonzosa situación de muchos de los servicios sociales que veníamos teniendo. Entre ellos se encuentran las residencias de mayores, donde el número de residencias públicas es significativamente menor que las privadas (en la Comunidad de Madrid, un 75´9% son privadasⁱ).

En la mayoría de estos centros ya se venían denunciando falta de recursos, tanto humanos como materiales; se exigía un cambio legislativo en cuanto a las ratios y cumplimiento de las mismas, ya que no sólo son ratios insuficientes para atender a los y las residentes, sino que tampoco llegan a cumplirse, resultando en condiciones de precariedad y ausencia de los recursos necesarios para desarrollar el trabajo. Con esta situación se ven afectadas tanto las personas que viven en las residencias como las trabajadoras/es y todo ello con el fin de permitir que empresas privadas saquen el mayor beneficio económico posible a costa de la vida de las personas.

A esta situación de precariedad de medios, hay que sumar la repercusión que las privatizaciones tienen sobre las condiciones laborales del personal de las residencias, incrementando tasas de temporalidad e irregularidad de horarios, que se suman a los bajos salarios que caracterizan al conjunto del sector de cuidados, con importantes implicaciones en la desigualdad de género al ser un sector altamente feminizado.

Todo esto ha dado como resultado que, a pesar del gran esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras en su día a día, durante años se han vulnerado derechos fundamentales en residencias, pero con la situación actual que estamos viviendo, se ha recrudecido de tal forma que llegan a explicarse las noticias que se fueron sucediendo con casos masivos de contagios de Covid-19 (llegando al extremo de encontrarse muertos en la UME al entrar a desinfectar sin que la residencia hubiese dado noticia sobre ello). Se calcula que, en la fecha en que se escribe esta resolución, han fallecido 1517 ancianos/as en residencias, de los cuales 1065 han sido en la Comunidad de Madrid. En cuanto a las trabajadoras, se estima que al menos 500 personas han dado positivo y hay otras tantas en cuarentena con síntomas y a las que no se les ha realizado la pruebaⁱⁱ sin que la Comunidad de Madrid (como otras comunidades) haya dado ningún dato al respecto, a pesar de haberse solicitado.

Sin embargo, las medidas perentorias y necesarias actualmente para resolver lo urgente no nos pueden hacer perder de vista lo importante, que es cómo se ha llegado a una situación en la que nuestros mayores se encuentran en una total indefensión por el sistema que se había generado con los chanchullos de las residencias privadas, como por ejemplo la venta a diferentes fondos buitre (DomusVi, Clece, Eulen, etcétera)ⁱⁱⁱ que han adquirido mediante licitaciones de residencias concertadas o públicas pero con gestión privada, beneficiándose, eso sí, de las arcas públicas y en detrimento de las residencias 100% públicas.

El sistema capitalista genera situaciones a veces imposibles de conciliar en nuestra sociedad. Las personas mayores, millones de trabajadoras y trabajadores que ahora han dejado de ser rentables para el sistema, necesitan de una ayuda y unos cuidados de las que muchas veces sus allegados no pueden hacerse cargo por la brutalidad de un sistema deshumanizante y contrario a la vida. Esto es aprovechado para generar un negocio que se alimenta de la necesidad y la dificultad de las personas para poder cuidar a sus mayores, sin pensar en cómo dar una solución social, sino encontrando una fuente más de beneficios para los de siempre.

Por eso, la mayor parte de las residencias están en manos privadas, porque no se entiende como una necesidad social sino como un gasto que no aportará ningún beneficio económico, como un saco roto, y, por tanto, no interesa a los continuos gobiernos neoliberales de la Comunidad de Madrid fortalecer un sistema público de cuidados.

La dejación de funciones por parte de la administración ha sido notable tanto antes de esta crisis como durante, sin prestar la mínima atención a la cantidad de quejas que se trasladaban de forma continua sobre el funcionamiento de muchas residencias. Eso convierte a las autoridades competentes en colaboradores necesarios de la situación actual, ya que no se habría llegado a los extremos en los que estamos si hubieran actuado cuando y como tocaba.

Por todo lo anterior, desde el Partido Comunista de Madrid, exigimos:

1. La inmediata intervención por parte de las autoridades de todas las residencias privadas, concertadas y publicas con gestión privada, para asegurar unos recursos mínimos para garantizar que ninguna persona (trabajadora o residente) en una residencia se encuentre en condiciones que pongan en peligro su vida durante la crisis del Covid-19.

2. Poner fin inmediato a las políticas discriminatorias realizadas en las residencias, como la orden de no enviar a personas con síntomas de Covid-19 a un hospital. A la vez, comenzar una Investigación sobre la actuación de los responsables de empresas y administraciones a cargo de las residencias para determinar su responsabilidad en las muertes acontecidas.

3. La expropiación de todo el sistema privado y concertado de residencias, pasando a entenderlo como un servicio público fundamental del que nadie tiene derecho a intentar hacer negocio y sacar beneficios a costa de la salud de quien lo ha dado casi todo y se merece todo nuestro respeto, recuperando su dignidad. En este proceso se prestará atención en todo momento al mantenimiento de los puestos de trabajo de todas las trabajadoras y trabajadores.

4. Mejora de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de residencias, tanto en lo referente a incremento de recursos a su disposición, aumento de ratio personal/residentes, y una mejora de horarios y salarios que se corresponda con la importancia y responsabilidad que se ha demostrado que desempeña el sector de cuidados en nuestra sociedad.