El proceso de desescalada es como se ha llamado al periodo de transición desde un confinamiento (salvo servicios esenciales) durante la pandemia de la COVID-19, y una nueva normalidad. Son procesos desconocidos, el de la desescalada y el de la nueva normalidad, por lo que caminamos a ciegas. Pero algo es seguro, si nuestra clase no toma las riendas del camino, lo harán otros, y el nuevo mundo que surja será más desigual, autoritario y peligroso; por lo tanto, la dirección que tome la crisis a partir de ahora dependerá en gran medida de cómo afrontemos la actual coyuntura.

La Crisis del COVID-19 nos ha puesto frente a un reto sin precedentes. Las consecuencias de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria que estamos viviendo son mucho más devastadoras que las que ya sufrimos tras la crisis capitalista del año 2008. Entre los meses de febrero y marzo se perdieron en la Comunidad de Madrid cerca de 135.000 afiliaciones a la Seguridad Social y se aumentó el paro en 52.000 personas. En el mes de abril se produjo una destrucción de empleo menor que en el mes de marzo, pero aumentó considerablemente las personas perceptoras de la prestación por desempleo. A fecha 30 de abril, hay 566.307 personas en ERTEs en nuestra Comunidad, de los cuales prácticamente la totalidad son por ERTEs por fuerza mayor. Hay que tener en cuenta que en los meses de marzo y abril suele producirse un repunte en el empleo, por lo que no debemos de tener en cuenta únicamente la enorme pérdida de empleo en tan corto periodo de tiempo, sino considerar también la pérdida con respecto a la expectativa de empleo.
Pese a las medidas decretadas por el Gobierno, implementando mecanismos de regulación de empleo e instando a la adaptación de los puestos de trabajo para que continúen su actividad de forma telemática, vemos cómo esta tendencia de destrucción va a seguir produciéndose una vez que acabe el Estado de Alarma si no ponemos todos los recursos que estén en nuestra mano para conseguir frenarlo.

No debemos olvidar que lo peor de la crisis está aún por llegar. Las medidas adoptadas hasta ahora no son más que medidas de contención, en forma de parches, que van a resultar insuficientes e ineficaces si no conseguimos afrontar el problema de raíz. Esta crisis nos brinda la oportunidad de cambiar el modelo productivo, reorientando una economía basada en el sector servicios y apostar por la reindustrialización y el fortalecimiento del sector público; cambiar el modelo energético aumentando la inversión en energías renovables, apostando por la autosuficiencia energética, así como un mayor desarrollo en ciencia y tecnología I+D+i; cambiar el modelo agroalimentario poniendo en valor la soberanía alimentaria; y por supuesto de cambiar el modelo social en el que se ponga la vida del género humano en el centro.

Durante el periodo de desescalada, y aún más en los meses posteriores, todo augura que esta crisis golpeará especialmente a las personas antes sometidas al régimen de la temporalidad y la intermitencia del mercado laboral, que ahora deberán elegir entre largas estancias en el paro (de tener derecho a percibir prestación o subsidio durante el tiempo necesario y de que éstas sean suficientes para sostenerse a sí mismas y a sus familias), o emplearse en las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs). Hay que resaltar el acierto por parte del Gobierno y los Sindicatos de ampliar hasta junio la vigencia de las medidas de protección asociadas a los ERTEs por fuerza mayor, no obstante, muchos de los ERTEs que afectan a las personas contratadas en modalidades temporales, irán seguidos de no renovaciones de contrato, provocando un engrosamiento mayor de las listas del paro una vez que acabe el periodo de vigencia de las medidas extraordinarias, por lo que en sí mismas no serán suficientes si no se acompañan de medidas de protección a largo plazo y de reactivación del empleo.

Con respecto a las (ETTs), posiblemente nos esperan dos escenarios diferentes, pero no excluyentes. Por un lado, un gran número de los y las trabajadoras contratadas por ETTs van a ser, o han sido, despedidas a causa de esta situación, y por otro lado, muchas de las empresas van a aprovechar esta coyuntura para utilizar éste método de contratación, que precariza las condiciones de trabajo, para compensar los despidos de las personas que trabajaban por cuenta ajena en momentos de aumento de la actividad y necesidad de mano de obra. Los contratos por ETT, frecuentemente, no responden a una necesidad real de carácter temporal y es utilizada por las empresas para que se realice el trabajo ordinario con mayor flexibilidad y abaratamiento de los costes. La legislación laboral vigente ya contempla el contrato temporal, incluso de carácter eventual, que permite contratar por un periodo determinado de tiempo sin necesidad de que sea a través de ETTs. Si queremos superar esta crisis sin destruir puestos ni condiciones del trabajo, debemos procurar, como propuesta de máximos, que contratar por ETT no esté permitido y lograr que las personas contratadas por estas empresas se incorporen a las plantillas de los centros de trabajo y a los convenios colectivos de aplicación, y así frenar el avance de esta modalidad de contratación mercantil que actúa como motor de precarización laboral y de destrucción de derechos históricos conquistados por las luchas obreras a lo largo de más de un siglo.

Otra consecuencia que ya está encaminada de esta crisis es que está aumentando más aún las situaciones de vulnerabilidad económica y de exclusión social, y que va a seguir aumentando la brecha en las condiciones del trabajo, el acceso a la salud, y las oportunidades de construir una vida en condiciones dignas entre clases sociales. Ya está sucediendo durante el estado de alarma que muchas de las personas que fueron incluidas en los ERTEs por fuerza mayor a finales del mes de abril no cobrarán la prestación hasta primeros del mes de junio. Este retraso en los pagos, unido a la falta de voluntad de muchas empresas en adelantar los salarios, está provocando que muchas de las familias no tengan ningún tipo de sustento, que no puedan afrontar el mes en las mecánicas de mercado de la adquisición de suministros básicos y alimentos, o que lo hagan con excesivas dificultades. Y con ello, las personas más vulnerables de nuestra sociedad, seres humanos cuyas necesidades han de verse siempre relegadas a las exigencias que las patronales del trabajo o el mercado inmobiliario marcan al gobierno y a las administraciones públicas, quedan abocadas a una situación de partida a la salida del confinamiento de retroceso cada vez mayor de sus condiciones de vida, de sus posibilidades de traer prosperidad a sus familias, y de sus esperanzas de conseguir un futuro mejor.

Las situaciones de crisis del capitalismo ya han servido anteriormente a los agentes de la patronal infiltrados en los gobiernos anteriores como pretexto para adoptar medidas neoliberales, que sirvieron para dar oxígeno únicamente a las empresas a costa del sobreesfuerzo y la mayor apropiación del trabajo de la clase trabajadora, de recortes de salarios, de despidos, de empeoramiento de las condiciones de vida de quienes menos tienen y de rescates a costa del erario público. Creemos necesaria la derogación de las reformas laborales del 2008 y el 2012 para que los artículos lesivos que incluyen no vuelvan a asfixiar a la clase trabajadora durante esta crisis. El Gobierno antes del Coronavirus caminaba por esta senda, pero es importante que no se aparque y que se retome con urgencia.

Del mismo modo, las medidas excepcionales y temporales emitidas en materia de protección económica y laboral frente al COVID-19 deben ir siendo reemplazadas por otras de mayor alcance y planificadas hacia el medio-largo plazo con un objetivo prioritariamente social, y estar enfocadas en la clase trabajadora, a fin de frenar el avance de la pobreza en nuestra sociedad y la precarización de las condiciones del trabajo, y en un reparto más justo del esfuerzo económico de la salida de esta crisis en los hogares y los centros de trabajo.

Huelga decir que, el inicio de un periodo de desescalada no quiere decir que el virus haya desaparecido por completo. Por más presiones que sigan realizando la CEOE o los gobiernos autonómicos de la derecha, no podemos permitir que se ponga la economía por encima de la vida de las personas y se vuelva a producir un repunte de infección que nos cueste aún más vidas. Por lo tanto, consideramos irresponsable la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de intentar forzar el salto a la Fase 1 antes de estar en condiciones de seguridad de poder realizarlo, y que ya ha producido la dimisión de la Directora General de Salud Pública de la CAM al no poder compartir esta decisión. Además, debemos denunciar y combatir el hecho de que, después de la nefasta gestión de esta crisis por el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, se añade ahora un nuevo episodio en el desmembramiento de nuestra Sanidad Pública, al no querer renovar los contratos de los sanitarios y sanitarias que se incorporaron a la lucha contra el coronavirus para intentar remediar el colapso producido en hospitales y centros de salud por años de recortes realizados por las administraciones anteriores del mismo partido.

No podemos dejar de tener presente que, como comunistas, debemos influir en favor de la clase trabajadora en diferentes ámbitos, resolviendo problemas concretos y poniendo la mirada en un futuro que proteja a nuestra clase y al planeta:

• Replantear el modelo de residencias a otro humanizado, y alejado del actual concepto de aparcamiento de personas mayores, con mayor personal impulsando la contratación pública, dotándolos de más recursos y salarios más dignos es crucial. Las plantillas, en las Residencias de la Comunidad de Madrid, que ya sufrían un infradimensionamiento antes de la pandemia, están al 50% debido a que sus trabajadores y trabajadoras han enfermado o se encuentran en aislamiento debido a la falta de medidas preventivas adoptadas. Es necesario que durante la desescalada se tomen medidas de protección extraordinarias tanto para las personas residentes como para quienes trabajan en estos centros y que no haya ninguna persona en las residencias de nuestra Comunidad trabajando sin EPIs o a la que no se le haya realizado algún test.
• En los centros de trabajo donde haya representación sindical, debemos velar por que las condiciones de la desescalada se negocien siempre con los sindicatos, teniendo en cuenta medidas organizativas, preventivas y de protección de empleo que pongan la vida de las personas en el centro. La desescalada en los centros de trabajo ha de producirse de forma gradual y en el tiempo que sea necesario para constatar que se hace en condiciones de higiene y seguridad que protejan con total garantía la salud de las trabajadoras y trabajadores. La ausencia de obligación del empresario de negociar con la Representación Legal de los y las Trabajadoras (RLT) los ERTEs por fuerza mayor, al no estar contemplada en la legislación, abre la puerta a la tentación de los empresarios de ejecutar prácticas fraudulentas en este contexto y de no adoptar con seguridad y eficacia las medidas de prevención necesarias durante la desescalada.
• Debemos tener en cuenta que el 85% de los ERTEs se dan en empresas de menos de 10 trabajadores, por lo que dificulta su organización. En aquellos centros de trabajo donde aún no exista representación sindical, deberá forzarse la negociación con representantes de los sindicatos de clase más representativos del sector.
• En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá forzarse desde las RLT y sus órganos de Seguridad y Salud la negociación, información y supervisión de las medidas adoptadas, en uso de los derechos de información y consulta recogidos en la legislación ordinaria y con el apoyo de la plantilla organizada en la defensa de su salud y sus derechos como personas trabajadoras.
• En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales se debe prestar atención tanto a factores físicos como a los psicosociales, siendo estos últimos los grandes olvidados y, en situaciones dramáticas como ésta, hay que trabajar para mitigarlos a través de la prevención en los puestos de trabajo.
• También debemos trabajar, ahora con mayor urgencia que antes, en la disminución de los riesgos psicosociales en el teletrabajo. Desde que se decretó el estado de alarma, el Gobierno priorizó el teletrabajo como medida de contención de la propagación y de exposición del virus. Y, si bien esta modalidad de trabajo es eficaz contra el coronavirus, debemos tener en cuenta que puede acarrear otros riesgos para la salud como problemas musculoesqueléticos, cansancio visual, estrés laboral, “burnout”, la doble presencia (principalmente de las mujeres al desdibujarse la separación entre el ámbito privado y el público) y el cansancio derivado del aumento de las jornadas de trabajo al olvidar la desconexión laboral. Asimismo, es primordial aumentar la vigilancia en el cumplimiento de los horarios de trabajo y de la desconexión digital, intensificando la labor de la Inspección de Trabajo y dotando de más recursos en esta materia tanto a la Autoridad Laboral como a la persona trabajadora.
• Durante la desescalada muchas mujeres seguirán teletrabajando hasta que se produzca la reincorporación presencial a su puesto de trabajo. Por lo tanto, es importante que abordemos la prevención con perspectiva de género, y que eliminemos la falacia de que el teletrabajo es una medida efectiva de conciliación, ya que aumenta la carga de estrés en las mujeres debido a la “doble presencia”, debiendo incidir y aplicar medidas de prevención y de corresponsabilidad adicionales. 
• Debemos prestar aún mayor vigilancia, en el establecimiento de todas las medidas necesarias de protección a la salud en la reincorporación presencial al trabajo, a las trabajadoras y trabajadores especialmente sensibles al COVID-19. Y no solo en el ámbito del espacio de trabajo, sino también en el medio de transporte empleado, facilitando las medidas necesarias para reducir el riesgo de exposición al mínimo o solicitando a la Administración un aumentando en las frecuencias del transporte público que rebaje el número de viajero por trayecto, aumentando la distancia de seguridad, dentro de espacios cerrados. 
• Debemos solicitar a los centros de trabajo, las entradas escalonadas de la clase trabajadora a sus puestos laborales, permitiendo que no existan aglomeraciones en las horas puntas tanto de entrada como de salida, así como intentar no acumular a la totalidad de las plantillas laborales, en el mismo espacio físico y temporal. 
• También es esencial velar por que los medios de protección y desinfección implantados en los centros de trabajo no produzcan otros efectos adversos para la salud o el planeta, habida cuenta de la oferta que ya existe en el mercado de dispositivos que, no sólo no ha sido científicamente probada aún su eficacia en la eliminación del COVID-19, sino que además distintas autoridades científicas están advirtiendo que la exposición a ellos y/o su manipulación sin formación adecuada y EPIs tiene efectos dañinos para la salud. Toda medida implantada en el lugar de trabajo debe ser eficaz en la contención o desinfección del virus, con aval de las autoridades sanitarias y científicas competentes en esta materia.
• Las medidas de higiene en el puesto de trabajo son fundamentales para evitar la propagación durante la desescalada. Por ello, además de EPIs y desinfecciones frecuentes de los espacios de trabajo, debemos exigir a la empresa la elaboración de protocolos que nos permitan mantener una distancia de seguridad mínima de 2 metros e higienizar nuestras manos con regularidad con agua y jabón las veces que sean necesarias sin que el tiempo empleado compute como tiempo de descanso. En aquellos puestos de trabajo en la que no sea posible lavarse las manos con agua y jabón la empresa debe de proporcionar a las personas trabajadoras botellas de soluciones higienizantes hidroalcohólicas.
• Debemos presionar para que se realicen evaluaciones de riesgos a cargo de profesionales en prevención sanitaria, exigir un suministro adecuado de los EPIs, vigilar e intervenir en los procesos de coordinación de la desescalada, y lograr que se proporcione la formación necesaria, eficaz y con contenido científico sobre prevención del virus a las trabajadoras y trabajadores. Estos deben ser ejes de nuestra actuación sindical en el corto plazo, pero debemos llegar más allá y reclamar medidas de protección del empleo y medidas organizativas de conciliación destinadas a la corresponsabilidad y que no desampare a las trabajadoras y trabajadores más precarios, los más débiles frente a esta crisis, para que no suframos más despidos ni más recortes en nuestros salarios.
• Elaboración de un plan específico por parte del Gobierno y de los Sindicatos de protección durante la desescalada para los sectores y colectivos especialmente vulnerables - migrantes, personas con capacidades diferentes, familias monomarentales, etc -, que ya se encontraban en riesgo de pobreza elevado antes de la pandemia y que se ha incrementado a causa de esta crisis.

Si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia es el valor de las organizaciones sindicales que, dentro de sus posibilidades, han servido para vigilar la actividad de las empresas en cuanto a seguridad y salud y las variaciones de las condiciones de trabajo. El sindicalismo, por tanto, sigue siendo la única herramienta útil para crear contrapoder en los centros de trabajo y debemos trabajar activamente para seguir extendiendo la organización del sindicato a todos los centros.

EDUCACIÓN

En el ámbito de la educación, hay que tener en cuenta tres aspectos durante la escalada: el aspecto sanitario, el aspecto pedagógico y el aspecto social. Durante las fases de la desescalada y el periodo de la “nueva normalidad” hasta vencer definitivamente el virus, el aspecto sanitario ha de prevalecer.

El aspecto sanitario

Tal y como en otros centros de trabajo, las condiciones de la desescalada se deben negociar con los sindicatos, pero además en los centros educativos tiene que haber una negociación con los representantes de otros miembros de la comunidad educativa, tales como la FAPA, los sindicatos de estudiantes y asociaciones relevantes en el ámbito educativo.

La primera tarea ha de ser una evaluación de riesgos por parte de la Consejería de Educación, que incluye a los órganos de Seguridad y Salud incluidos en la legislación vigente, y la puesta en marcha de protocolos y medidas sanitarias según esa evaluación.

Es imprescindible constatar que las condiciones de higiene y seguridad para proteger con total garantía la salud de toda la comunidad educativa se hayan producido antes de la vuelta a las aulas. Vemos difícil la puesta en marcha de estas medidas antes del mes de septiembre.

Será necesario tener en cuenta:

• La desinfección previa de los centros educativos.
• La desinfección continua de las instalaciones educativas, según los protocolos puestos en marcha, y un aumento en la dotación de personal de limpieza para llevarla a cabo.
• Medidas de distanciamiento social dentro del aula, tales como la bajada de ratios a 15 alumn@s por aula en los lugares y etapas en los que sea posible (aumento de número de aulas, turnos, aumento en profesorado…).
• La distribución previa y ágil del material sanitario necesario, según dicta la evaluación de riesgos.
• Protocolos para las entradas y salidas, los recreos, los comedores escolares, los baños así como cualquier momento de riesgo de aglomeraciones.
• La formación del profesorado, el personal administrativo y de servicios, así como el alumnado (según su edad), en los protocolos a seguir, el uso del material sanitario etc.
• La contratación de personal sanitario, si así dicta la evaluación de riesgos, para los centros educativos para hacer tests, diagnósticos tempranos de posibles nuevos casos, así como asistir con los protocolos sanitarios.
• En todo lo anterior ha de tener en cuenta las distintas características del alumnado (y sus centros educativos) en cada etapa – infantil, primaria, secundaria, educación especial, FP, universidad.

Para evitar contagios, también serán necesarias medidas de asistencia a familias que no tienen los medios para llevar a cabo el cuidado de sus hij@s si hay un caso de coronavirus en la familia.

El aspecto pedagógico

Durante el periodo de confinamiento, y probablemente durante la desescalada, el cierre de los centros educativos y el comienzo de la educación a distancia ha supuesto un reto para tod@s. A pesar de las largas horas de teletrabajo de los docentes y su compromiso con el alumnado más vulnerable, ha sido difícil para much@s alumn@s aprovechar este tipo de educación; por la presión psicológica producida por vivir en un estado de alarma, por las enfermedades y muertes que se han producido en muchas familias, por el estrés del teletrabajo de los otros miembros de la unidad familiar y por la imposibilidad de la mayoría de familias a reemplazar la función docente en casa.

Además, para el alumnado más vulnerable, la brecha digital, la brecha social o incluso la falta de alimentación han supuesto dificultades añadidas. La enseñanza a distancia ha supuesto un aumento en la desigualdad social.

Por tanto, cuando sea posible volver a las aulas de forma segura habrá que poner en marcha medidas de refuerzo para revertir estas desigualdades:

• Aumento de profesorado para reducir el ratio de profesora/alumna, y así poder atender a tod@s l@s alumn@s adecuadamente
• Aumento de profesorado de apoyo para el alumnado que no ha podido seguir adecuadamente las clases online
• Aumento de profesorado para compaginar la enseñanza a distancia y presencial (en caso de rebrote, o tener alumnado/profesorado en cuarentena).
• Cubrir las bajas del profesorado inmediatamente para garantizar el derecho a la educación
• Flexibilización en la evaluación durante el siguiente curso, para dar más tiempo al alumnado a alcanzar los objetivos previstos
• Proporcionar los recursos digitales necesarios (para profesorado y alumnado) para la educación a distancia si fuera necesaria en caso de rebrote
• Una mejora en los servicios de ayuda psicológica al alumnado, así como formación para el profesorado en este aspecto.

No podemos olvidar de los profesionales de la educación (principalmente de las Escuelas Infantiles de gestión indirecta y del ayuntamiento de Madrid) que han quedado en ERTE durante el periodo del estado de alarma, dejando así a much@s alumn@s sin educación de ningún tipo y l@s trabajador@s en una situación precaria. Ha habido un desprecio enorme por parte de la CAM a esta etapa tan importante de nuestro sistema educativo. Una parte de solución sería la incorporación de las Escuelas Infantiles de gestión indirecta en la red pública de gestión directa.

El aspecto social

Además del papel pedagógico, no podemos obviar el papel social de la educación en nuestra sociedad, en la que el profesorado y los centros educativos en general velan por el bienestar del alumnado y sus familias. Con la crisis económica, el aumento de la precariedad y la pobreza, aumentarán las necesidades de las familias y la vulnerabilidad de much@s alumn@s.

Por eso es necesario exigir las siguientes medidas:

• Una convocatoria excepcional de solicitud de becas de comedor antes del verano para las familias cuyas circunstancias han empeorado
• La apertura de algunos comedores escolares durante el verano para proporcionar menús saludables para llevar, a las familias con beca de comedor
• Una mejora en la coordinación entre servicios sociales y educación para ayudar a las familias con más necesidades, así como un aumento de los profesionales relacionados con estos servicios
• Un aumento en las becas de material y de comedor
• Un aumento en actividades lúdicas extraescolares para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar