Son malos tiempos para la Escuela Pública en Madrid. Los recortes vinieron para quedarse, estaba claro, pero ya el nuevo gobierno del PP, Ciudadanos y Vox está ejecutando nuevos recortes, junto con una política declarada de privatización de la Educación para beneficio de la privada concertada. Véanse los recientes nombramientos del gobierno de Ayuso, que resucita viejos personajes depredadores de lo público y establece direcciones generales de bilingüismo y concertada, por si cabía alguna duda.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid debería velar por la Escuela Pública y la igualdad de oportunidades de tod@s los madrileñ@s, pero tiene el objetivo prioritario de desmantelar la Pública y fomentar la segregación y la desigualdad social para garantizar los privilegios de los de siempre.
En 10 años en Madrid ha aumentado una 13% el alumnado de la Pública y un 14% el de la privada sostenida con fondos públicos. En cambio, sólo ha aumentado el 2% del profesorado de la Pública -1028 docentes- mientras que ha crecido el 15% del profesorado de la privada -5764 docentes-. Es decir, el número de profesores en los centros privados subvencionados crece cuatro veces más que en los públicos, pese a que el número de alumnos ha subido de forma similar.
De hecho, lo sorprendente a estas alturas es que aumente el alumnado de la Pública con el maltrato que recibe. En este inicio de curso en Madrid tenemos más de cien centros a medio construir, sin las dotaciones educativas adecuadas y con graves peligros de seguridad para sus usuarios, que empiezan el curso entre obras. Los hay que ni siquiera tienen Centro público alguno cerca de sus viviendas.
Y cuando lo tienen después de años de obras y las familias están contentas, como en Las Tablas el CEIP Blas de Lezo, llega la Administración y no renueva al director, porque no se puede consentir que la Pública funcione, que para eso hay negocios en las inmediaciones. El PCM se solidariza con sus movilizaciones porque nos defienden a tod@s del autoritarismo y la arbitrariedad. Y es que, hostilizar la participación de las familias en la vida de los centros educativos es una constante en la Pública, donde las AMPAS cada vez tienen que hacer más trámites para reunirse o celebrar talleres en sus colegios, como si no estuvieran en su derecho.
Pero si las AMPAS llevaban años organizando magníficos servicios de préstamos de libros de texto con trabajo voluntario, pues llega Ciudadanos y se cuelga la medalla de la gratuidad de libros escolares apropiándose de los bancos de libros cedidos por las familias, renovando los materiales de apenas unos cursos y privatizando la gestión con el Programa ACCEDE, -que no funciona- que no el trabajo concreto, que siguen teniendo que hacerlo las AMPAS sin reconocimiento alguno, claro que, si no hay AMPA en el centro, la asignación es simplemente caótica.
Además, como cada nuevo curso, son miles los estudiantes que no pueden acceder a las enseñanzas de Formación Profesional, Régimen Especial o el Bachillerato de Artes en centros públicos, porque la administración no garantiza las plazas que se demandan realmente para trasvasar ‘clientes’ a la privada, bajo el nombre de ‘traslado y supresión’ en la Orden 2493/2019 de 14 de agosto. Así, con ‘vacacionalidad’. En esta ocasión por lo mismo, denunciamos la cesión de suelo público en San Sebastián de los Reyes a la privada para que imparta, con la veloz autorización de la Consejería autonómica, los ciclos formativos que debía ofrecer el instituto Juan de Mairena.
En esta línea de privatización, este curso comienza a otorgar la Consejería el ‘cheque bachillerato’ que ya el PP aprobó antes de las elecciones. Les da igual que se pierda matrícula y optatividad en los centros públicos, aunque estos lo hayan denunciado a finales del curso pasado. De hecho, de eso se trata, de obligar –eso sí, muy ‘libremente’- a las familias a escolarizar a sus hij@s en la privada concertada, que, gracias al gobierno, goza de todos los recursos públicos necesarios para captarlos.
Así, como ya denunciamos, se externaliza el servicio de Orientación de los centros privados concertados, de manera que éstos puedan contratar gabinetes psicopedagógicos privados y escapar al seguimiento y control público de sus medidas de atención a la diversidad con el alumnado más vulnerable, escolarizado ya de por sí de manera desigual entre centros públicos y privados. Hemos conocido, por ejemplo, que el colegio privado concertado Gredos en Vallecas está cobrando 60 euros a las familias por realizar las valoraciones psicopedagógicas.
Así es como entiende la derecha la libertad de enseñanza, libertad para quien pueda pagarla. El triunfo –dopado con nuestros impuestos- de los individuos egoístas. Para nosotr@s no hay libertad de elección vital sin igualdad real de oportunidades y ésta sólo podemos garantizarla como un derecho colectivo que disuelva -o por lo menos palíe- las desigualdades de origen social.
Y es que deriva ideológica es sonrojante. La Consejería se encarga de asegurar el adoctrinamiento de la iglesia católica en la Pública. Hacen falta 15 estudiantes para dotar de profesorado una materia optativa como la Geografía o la Física en Bachillerato, pero con un solo alumno que solicite la optativa de religión, ya tenemos al arzobispado de Madrid contento con una clase más. Eso sí, luego los que adoctrinamos somos los profesores de la Pública cuando explicamos los meros derechos humanos.
No nos extrañe que más pronto que tarde tengamos en Madrid el ‘pin parental’ que Vox ha impuesto en Murcia a sus socios de gobierno. Ya están apareciendo mociones en algunos ayuntamientos de nuestra región. Ciudadanos presumía de liberal y se ha quedado en nacionalcatólico. El drama, en todo caso, es para los estudiantes víctimas de familias intolerantes, que cercenarán su libertad de pensamiento, su orientación sexual o el derecho a la igualdad de sexos en nombre del más rancio poder patriarcal.
El aumento de la segregación social, la desigualdad y la discriminación de los colectivos vulnerables son objetivos de este gobierno del PP, Cs y Vox. El distrito único y los servicios de escolarización –SAE- destruyen la equidad del sistema y garantizan la segregación social.
En las políticas educativas, el Partido Comunista de Madrid sigue denunciando que son estas las metas de la especialización de Centros con el Programa de Bilingüismo, el Bachillerato de Excelencia y otras trampas del supuesto rescate de ‘talentos’ naturales –nunca sociales-. La ‘neolengua’ del neoliberalismo siempre legitimando la injusticia social.
Así, debemos denunciar, porque es especialmente sangrante, la campaña mediática, auspiciada por la derecha, que estos meses ha tratado de criminalizar a los inmigrantes menores no acompañados –a los que llaman MENAS cual distintivo de color en la chaqueta-. Menores sol@s a quienes se desampara por supuesto en lo educativo también.
Por esto de la segregación como política de la derecha, no nos sorprenderá que la ILP de Educación Inclusiva que la comunidad educativa llevó, a golpe de firmas, a la Asamblea de Madrid, vaya a pasar la legislatura durmiendo el sueño de los justos en cualquier cajón, sobre todo cuando los intereses de las escuelas de educación especial privada están en juego. El PCM es consciente de que, para aplicar los principios de Inclusión que nos reclama la UNESCO, no es suficiente con aprobar la iniciativa, sino, sobre todo, dotarla con las partidas presupuestarias correspondientes.
Cerrando el círculo del acoso a la Pública, las condiciones laborales de l@s docentes madrileños no mejoran. Como ya advertimos que sucedería, la Consejería de Educación de Madrid ha ignorado la ‘recomendación’ aprobada en las Cortes en la legislatura anterior para devolver al profesorado las 18h/23h lectivas y sigue incumpliendo sistemáticamente el Acuerdo sectorial firmado con los sindicatos del profesorado, que debía haberse desarrollado desde hace ya un año. En las instrucciones de principio de curso se incumple este Acuerdo en materia de bajada de ratios, reducción de horario lectivo a mayores de 55 años, aumento del cupo en los Centros, etc. Este año, los interin@s tienen que lidiar con un programa informático de vacantes que burocratiza e impersonaliza una adjudicación siempre opaca.
No nos extraña que el profesorado madrileño esté cansado de tanta tomadura de pelo y, por eso, el Partido Comunista de Madrid apoyará las movilizaciones que se decidan en las múltiples asambleas convocadas.
Secretaría de Educación PCM
Octubre 2019
