Resolución de la Comisión Permanente Ejecutiva del PCE de Madrid.

Vivimos hoy un Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, sin motivos para celebrar nada. Los efectos de la pandemia en nuestra región, han dejado un reguero dramático de muertes y dibuja un escenario de devastadoras consecuencias en el presente y el futuro inmediato de las familias trabajadoras madrileñas.

Nuestra Comunidad se ha convertido tristemente en el epicentro de infección y fallecimientos del país, teniendo que hacer frente a esta crisis con unos servicios públicos diezmados y desmantelados (especialmente el sistema sanitario) por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La fiebre privatizadora de la derecha madrileña, siempre al dictado de los intereses de los grandes capitales, es el origen fundamental de la nefasta gestión en el impacto que COVID-19 ha supuesto en la comunidad más rica del país (si bien es cierto que es la segunda por la cola en gasto social). La falta de interés de los poderes públicos madrileños por la vida humana ha alcanzado sus cotas más siniestras en la actuación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso respecto a las residencias de mayores y personas dependientes. Aproximadamente un tercio de las personas fallecidas por coronavirus en la región vivían en centros de atención a mayores. Esta cifra podría considerarse casi un genocidio contra el colectivo más vulnerable ante los efectos del virus, y es la fatal consecuencia de la mercantilización de nuestra vida y de nuestros derechos que llevan aparejadas las políticas neoliberales del actual gobierno de PP y C's (con el imprescindible apoyo de la ultraderecha).

A esta realidad, se ha sumado una gestión irresponsable y opaca de la crisis por parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso, bloqueando la actividad parlamentaria y tratando de eludir sus responsabilidades de forma permanente a través de la aplicación de la estrategia del avestruz mientras el pueblo madrileño, mediante las trabajadoras de los servicios esenciales (la inmensa mayoría en condiciones extremas de trabajo y con unos salarios muy bajos) y las redes vecinales de solidaridad, daba un auténtico ejemplo de responsabilidad colectiva y apoyo mutuo. El gobierno autonómico, más preocupado por intentar ejercer de oposición política al Gobierno central que por atender las necesidades de las madrileñas y madrileños, no ha estado a la altura de esta difícil situación. El Gobierno de Díaz Ayuso se ha escondido tras una prepotente campaña propagandística, mientras mantenía sus ataques a la Salud Pública (valgan como muestra el despido de sanitarios que han estado en primera línea o los menús infantiles de Telepizza) cuando la población luchaba contra el COVID-19. Ha sido especialmente avergonzante la omnipresencia del Pablo Casado, líder nacional de un partido político en la oposición en todas y cada una de las actividades institucionales del Ayuntamiento y la Comunidad.

Por ello, la Comisión Permanente Ejecutiva del PCE en Madrid  exige públicamente la dimisión inmediata de Isabel Díaz Ayuso y de los consejeros titulares de Sanidad y Políticas Sociales de su Gobierno, como responsables máximos y directos de la desastrosa gestión de esta crisis. 

La realidad actual requiere de medidas contundentes. La gestión de la crisis sanitaria llevada a cabo por el Gobierno del PP merece ser investigada. Por ello, en las instituciones municipales y autonómicas, el PCM trabajará en el impulso y apoyo de cuantas medidas sean necesarias para esclarecer y, en su caso, exigir responsabilidades, a los responsables de gestionar esta crisis. 

Como todas ya sabemos la dimensión de esta crisis no se reduce al ámbito sanitario. El parón productivo y vital tendrá un impacto brutal en las condiciones de vida de la mayoría social madrileña. Cientos de miles de personas se encuentran en circunstancias límite, sin ingresos estables, en desempleo o bajo ERTEs, mientras la vida continúa. Seguimos teniendo necesidad de alimentarnos, cuidarnos y vivir en unas condiciones dignas. Por ello, es preciso que las fuerzas políticas democráticas de la región y los agentes sociales y sindicales demos un paso al frente ante la incompetencia manifiesta del actual gobierno autonómico.

Es evidente que entre las fuerzas democráticas con representación parlamentaria tenemos muchas diferencias políticas y estratégicas sobre el futuro a medio y largo plazo, pero tenemos un denominador común que necesariamente ha de imponerse: la vida del pueblo madrileño. Es imprescindible que nos pongamos de acuerdo en la respuesta inmediata para hacer frente a la crisis social que asoma en el horizonte, y que lo hagamos sobre un precepto básico y unánime: poner la vida en el centro. Cualquier actuación pública que no se fundamente sobre este principio está destinada a fracasar, como cualquier estrategia que se tome sobre la priorización números y cifras macro económicas que ocultan las auténticas condiciones de vida de nuestro pueblo.

El PCE de Madrid propone iniciar una ronda de contactos urgente con todos los colectivos que coincidan en la necesidad de anteponer los intereses de la mayoría social a todos los demás, y llevará esta propuesta a Izquierda Unida, y a todos los grupos institucionales en los que esta participa. 

Por todo lo expuesto, las comunistas madrileñas realizamos un llamamiento a sindicatos, movimientos y organizaciones sociales, agentes ciudadanos y partidos políticos democráticos para compartir un espacio de acuerdo que trabaje en la elaboración de un Pacto por la Vida en nuestra región. Se trata de construir un acuerdo de mínimos imprescindible para paliar las consecuencias inmediatas que la crisis pueda ejercer sobre la mayoría social de nuestra región, una vez se asiente la nueva normalidad a la que nos lleva el proceso de desescalada del confinamiento.

Y en ese sentido, la aportación que lanza el PCE madrileño para ese Pacto se asienta sobre las siguientes medidas, esenciales para una vida digna: 

• El blindaje de los servicios esenciales como de titularidad pública en el Estatuto de la Comunidad de Madrid. Para ello se deben abordar cuantas modificaciones legislativas sean necesarias para garantizar dotaciones presupuestarias para Sanidad y servicios públicos esenciales acordes a las necesidades de la población madrileña. Esto incluye la reversión de las privatizaciones de servicios municipales y autonómicos, manteniendo los puestos de trabajo existentes.
• Plan regional de reequilibrio territorial. Siendo Madrid la región más desigual, necesitamos un plan que cohesione sus barrios y su municipios, una reconstrucción basada en principios de corresponsabilidad y solidaridad territorial. Rechazo de una nueva “política del ladrillo” a través de la liberalización de suelo cuyos efectos, ya conocidos, vuelva a pagar la clase trabajadora.
• Puesta en marcha de un nuevo modelo productivo, que tenga como objetivo la contención del desempleo y la mejora de las condiciones laborales y que se asiente sobre los principios de reindustrialización, inversión intensiva en I+D+i, sostenibilidad ecológica y equilibrio familiar y territorial. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de las comunidades locales, en una región donde estamos acostrumbradas a desplazamientos diarios de más de una hora en transporte público.
• Garantía para todas y cada una de las personas que viven en nuestra región de unos ingresos mínimos, derecho a suministros esenciales y a una vivienda digna.
• Gestionar el proceso de desescalada y la nueva normalidad bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, acompasar el progresivo retorno de todas las actividades económicas con las necesidades de las familias con menores o personas dependientes a su cargo.

Madrid, 2 de mayo de 2020.