Desde el Partido Comunista de España (PCE) en Madrid observamos con preocupación cómo el supuesto Gobierno de coalición progresista vuelve a recurrir a la política de la improvisación y el parche ante la nueva sacudida económica derivada del conflicto imperialista alentado por Estados Unidos e Israel. Si bien cualquier medida que alivie la asfixiante situación material de la clase obrera es bienvenida, no podemos callar ante una estrategia que elude sistemáticamente el conflicto de clase y la raíz estructural de la desigualdad.

Este nuevo "escudo social" no es redistributivo, es un mecanismo de contención que no toca los privilegios de las oligarquías. En lugar de avanzar hacia una reforma fiscal profunda y progresiva, el Gobierno insiste en medidas como la reducción del IVA, una trampa neoliberal con un doble efecto pernicioso.

Por un lado, la bajada del IVA beneficia por igual a quien sobrevive con el salario mínimo que a las clases pudientes y a las grandes empresas. Es inaceptable que se aplique el mismo alivio fiscal a quien no llega a fin de mes que a quien acumula capital a costa de la explotación ajena.

Por otra parte, cada euro que se deja de recaudar a través de impuestos indirectos, sin una compensación proporcional mediante impuestos directos a las rentas del capital, es un euro menos para nuestra sanidad, educación y servicios públicos, precisamente los pilares que la clase trabajadora necesita fortalecer en tiempos de crisis.

Estamos ante una política de "gestión de daños" que renuncia a dar la batalla ideológica. Al no cuestionar los márgenes de beneficio de las petroleras, las grandes distribuidoras y las eléctricas, el Gobierno permite que las empresas absorban estas rebajas fiscales para mantener sus beneficios, mientras el Estado pierde capacidad de intervención.

Desde el PCE en Madrid denunciamos que este modelo de "escudo social" es una cortina de humo que oculta la sumisión al gran capital y a la agenda militarista de la OTAN. No habrá escudo social efectivo mientras España siga vinculada a una economía de guerra que prioriza el gasto militar y el seguidismo a los intereses del imperialismo y del capitalismo internacional por encima del bienestar del pueblo.

La justicia social no se alcanza con migajas temporales, sino con la nacionalización de sectores estratégicos, el control de precios sobre los beneficios empresariales y una redistribución real de la riqueza. Instamos al Gobierno y a sus socios a abandonar el cosmético de la urgencia y a enfrentar, de una vez por todas, las injusticias estructurales sobre las que se erige este sistema económico.