PRIVATIZACIÓN, DEJADEZ Y DESPRECIO - LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Cinco meses después del comienzo del curso escolar en septiembre, la educación pública madrileña sigue sufriendo los efectos de la nefasta gestión de la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid.

• RECURSOS INSUFICIENTES

El curso empezó con un aumento de profesorado en algunas etapas, con el fin de reducir ratios y facilitar una vuelta segura a las aulas, pero la dotación de recursos ha sido insuficiente. Además, en muchos centros ha habido vacantes sin cubrir durante el primer trimestre con los consecuentes efectos educativos, y en diciembre la Comunidad de Madrid fue la única comunidad autónoma en despedir el profesorado Refuerzo COVID, destinado a apoyar al alumnado afectado por el confinamiento.

La sobrecarga de trabajo, junto con el frío debido a la ventilación adecuada y las condiciones sanitarias suponen enormes dificultades para los docentes en el desempeño de su trabajo.

• LA SEMIPRESENCIALIDAD

En lugar de contratar más profesorado para reducir ratios en 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, la CAM optó por la semipresencialidad. Esta modalidad supone clases presenciales durante la mitad del horario, y clases online durante la otra mitad, así reduciendo el número de alumnas presentes en el aula.

Sin embargo, la realidad para el alumnado son menos horas lectivas para impartir el mismo temario, la perdida de hábitos de estudio, y un aumento en la desigualdad debido a la brecha social y digital. Los resultados académicos del primer trimestre reflejan esta realidad. No es una solución educativa para el alumnado, sino una manera de ahorrar dinero.

No ha habido un debate pedagógico sobre la metodología adecuada para la enseñanza online, ni la planificación ni coordinación necesaria. La brecha social aumenta con esta modalidad, dado que funciona mejor si hay presencia de un adulto en casa con los conocimientos necesarios para apoyar al alumno.

La semipresencialidad además supone un cargo más de trabajo para los docentes, con el mismo número de alumnos en dos modalidades distintas en un mismo horario, la necesidad de manejar las nuevas tecnologías, atender al alumnado en casa, planificar las clases online además de la enseñanza presencial habitual.

Una dificultad añadida es la plataforma pública Educamadrid. Tiene un funcionamiento pésimo, a pesar de las mejoras introducidas y desgraciadamente esto impulsa al profesorado a utilizar plataformas privadas con los consecuentes beneficios para las empresas privadas y la comercialización de los datos de los menores. Apoyamos el uso de la plataforma publica y exigimos mejoras sustanciales para que sea un instrumento adecuado para la comunidad educativa en Madrid.

• LA PRESENCIALIDAD CON PROTOCOLOS ADECUADOS

Mientras la falta de inversión en la sanidad pública empeora la situación de la pandemia en general, la dejadez en la gestión por parte de la Consejería de Educación reduce la seguridad en las aulas.

La CAM ha delegado la responsabilidad para la implementación de los protocolos a los coordinadores COVID de cada centro, mayoritariamente miembros de los equipos directivos y sin conocimientos sanitarios. Además, los protocolos han cambiado varias veces, debilitando su eficacia, y se ponen en práctica de una manera desigual según el criterio de cada centro. No hay un control centralizado de los casos detectados en centros educativos, ni un criterio común para el confinamiento de las clases. Tampoco ha habido un seguimiento de los posibles contagios en los docentes, después de un cribado inicial de pruebas a todos en septiembre.

La falta de recursos materiales (filtros EPA, medidores de CO2…) junto con las dificultades para llevar a cabo los protocolos (uso de mascarillas, distanciamiento social, grupos burbuja…) en la situación real de un centro educativo, aumentan el riesgo de contagios. Nos preocupa el posible aumento de casos en los próximos meses debido a las variantes nuevas, y exigimos seguridad para toda la comunidad educativa.

Además, el confinamiento de clases cuando se detecta un contagio y la necesidad de cuidar la menor en cuarentena supone una dificultad para muchas familias. Exigimos que las empresas faciliten permisos pagados en estas circunstancias, y que haya ayudas para las familias en desventaja.

La presencialidad es la única modalidad que puede garantizar el derecho a la educación, pero no a cualquier coste. Exigimos los recursos y medidas necesarias para que los centros educativos sean espacios seguros para el alumnado, el profesorado y las otras trabajadoras presentes (administrativos, conserjes, monitoras, limpiadoras etc.).

• LA GRAN NEVADA

La desastrosa falta de previsión y actuación por parte de la CAM y muchos ayuntamientos de la región ante la gran nevada de enero ha sido un ejemplo más del desprecio que el gobierno de Ayuso tiene para la población madrileña. No fueron capaces de despejar la nieve ni de las calles ni de los centros educativos, y por tanto el alumnado ha perdido más de una semana de enseñanza presencial. En lugar de informar primero a los centros educativos, anunciaron el retraso del comienzo del curso en los medios de comunicación.

Para “compensar” los días presenciales perdidos, en primaria la CAM ha añadido 3 días lectivos al curso escolar en junio – una solución que no reconoce que los docentes trabajaban online durante los días de la nevada, ni tiene una lógica pedagógica.

La nieve ha causado daños y desperfectos en una multitud de centros educativos, poniendo de manifiesto la falta sistemática de mantenimiento e inversión en las instalaciones. Una privatización más fue la externalización al Colegio de Aparejadores del servicio de peritaje en los Institutos, dejando una vez más las responsabilidades en cada centro educativo.

En ausencia del ejercicio de sus competencias por parte de los gobiernos locales, sólo la autoorganización por parte de AMPAs y claustros para recoger la nieve y abrir acceso facilitó la vuelta a los centros educativos finalmente. Celebramos y agradecemos el trabajo comunitario que el gobierno regional desprecia, tanto durante la nevada como en la organización de despensas y clases de refuerzo tan necesarios durante una crisis económica.

La nueva ley educativa LOMLOE ha alentado a Ayuso a una contraofensiva a favor de la escuela concertada. Desgraciadamente la LOMLOE no nos protege de su afán pro-concertada y decepciona en muchos apartados, aunque sirva para derogar los aspectos más lesivos de la LOMCE.

La Comunidad de Madrid sigue con su proyecto de debilitar la escuela pública;

- mostrando un desprecio constante hacía docentes, equipos directivos, estudiantes y sus familias,

- trasladando responsabilidades que no les corresponde a cada centro educativo,

- desmantelando la escuela pública poco a poco con la privatización de servicios,

- favoreciendo la escuela concertada con un trato desigual.

Consideramos que la única manera de afrontar esta política nefasta es a través de la unidad de los miembros de la comunidad educativa (sindicatos y representantes de estudiantes y familias) en campañas en defensa de la escuela pública y los servicios públicos en general.