Este enero, la vuelta a las aulas ha tenido lugar en plena sexta ola, con la variante Ómicron como protagonista. La CAM ha optado por suavizar los protocolos de actuación ante casos de COVID en las aulas.

El trimestre ha empezado, presencialmente, con numerosas bajas entre el profesorado por contagio o confinamiento, y un número significativo de faltas de asistencia entre el alumnado. Los primeros días han supuesto muchas dificultades organizativas para los equipos directivos de los centros educativos y un aumento en la carga de trabajo del profesorado, que han tenido que sustituir al profesorado ausente.

Las DATs han cubierto las bajas de manera muy desigual – en algunos centros ha sido mucho más rápido de lo habitual, y en otros no, causando la pérdida de calidad en la educación del alumnado. Hemos visto que, con voluntad política, se puede cubrir bajas rápidamente y con eficacia.

Exigimos que se cubran las bajas de todo el profesorado con la máxima rapidez, que se contrate profesorado de refuerzo para apoyar al alumnado que pierde clases por contagio y confinamiento, y unos protocolos que protejan la salud de la comunidad educativa. Reconocemos que la necesidad de cuidar a menores en caso de contagio o confinamiento supone una dificultad enorme para familias con pocos recursos y/o trabajos precarios, y exigimos medidas de apoyo en estos casos.

La Ley Maestra

El 3 de febrero se aprobó la “Ley Maestra de libertad educativa” en la Asamblea de Madrid. Esta ley principalmente pretende blindar la educación concertada contra los tímidos intentos de la nueva ley de educación del gobierno (la LOMLOE) de controlarla, además de evitar la inclusión educativa de alumnado con necesidades especiales. También postula proteger la enseñanza en castellano, que en Madrid sólo peligra en los centros bilingües promovidos precisamente por el PP. La ley ignora la necesidad de aumentar la inversión en la educación pública, que en Madrid está por debajo de la media europea y española, a pesar de ser la comunidad más rica del estado. Es una ley que ahonda en la segregación y desigualdad.

Los grupos progresistas de la Asamblea de Madrid presentaron una serie de enmiendas a la Ley, algunas, como las de Unidas Podemos, con la participación de la comunidad educativa en la redacción de las mismas. Nuestra democracia parlamentaria exige el debate de las enmiendas, con el propósito de tener en cuenta las opiniones de los grupos de la oposición (que representan a un buen número de votantes) y buscar acuerdos. La decisión del PP, junto con Vox, de cambiar las normas durante el proceso, y tramitar las enmiendas en un tiempo reducido, ha imposibilitado el debate y es un atropello a nuestro sistema democrático.

Hemos apoyado la campaña contra esta ley, que ha mostrado la necesidad de unir fuerzas, tanto dentro de la Asamblea de Madrid, como fuera en las diferentes asambleas y plataformas que representan los sectores de la comunidad educativa.

Abuso de la temporalidad

La precariedad laboral es una lacra que impide a las personas afectadas, la estabilidad necesaria para hacer sus planes vitales. El alto nivel de precariedad en España es conocido, pero la precariedad en el sector público es un escándalo y un fraude en la mayoría de los casos dado que los trabajadores encadenan contratos temporales mientras ocupan puestos fijos. En educación el número de interinos ronda el 23%, y durante mucho tiempo la reducción de esta tasa ha sido una reivindicación de los sindicatos del sector. La directiva europea que exige poner fin a este abuso, y su puesta en práctica en España a través del RD 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, es una gran noticia para los trabajadores precarios.

Durante los últimos meses de 2021, los sindicatos del sector educativo han negociado una disposición transitoria para conseguir la estabilidad para las miles de interinas afectadas. Nos parece un avance significativo, aunque seguimos reivindicando la necesidad de hacer fijos a todo el profesorado interino que ha sufrido este fraude de ley – es decir la estabilidad de las personas y no sólo las plazas. Entendemos la decepción del profesorado interino con poca antigüedad, y los aspirantes nuevos, que están preparando las oposiciones según el modelo anterior, pero consideramos necesario la estabilidad laboral en nuestro sector.

El anuncio de la CAM, y otras CCAA, de convocar oposiciones al margen de la disposición transitoria es una mala noticia para todos los interinos, dado que limita la cantidad de plazas disponibles a la tasa de reposición. Lo que se busca es sortear el nuevo modelo de acceso, negociado entre el gobierno y los sindicatos, y evitar incluir las plazas de estabilización.

La CAM afirma que su estrategia “apuesta por que sean los docentes mejor preparados y con más méritos los que obtengan su plaza”, un ataque más a la profesionalidad del profesorado interino con amplia experiencia. Es un intento de dividir al profesorado, enfrentando a las personas con menos y más experiencia laboral.

La estabilidad no sólo beneficia a las trabajadoras en cuestión, sino a la escuela pública en su conjunto, dado que la temporalidad afecta negativamente al funcionamiento de los centros educativos.

Denunciamos el incumplimiento del acuerdo de reducir la temporalidad a un 8%. Exigimos un aumento en el escaso presupuesto en educación de la CAM, que permitiría el incremento de las plantillas, para bajar las ratios y reducir las horas lectivas del profesorado, y así crear empleo también para muchas profesoras jóvenes.

Emergencia en la salud mental del alumnado

Los centros educativos han informado recientemente de un preocupante incremento en los casos de autolesiones, intentos de suicidio y otros trastornos psicológicos entre el alumnado. La pandemia, y especialmente la limitación de las relaciones sociales durante el confinamiento, ha afectado especialmente a este colectivo debido a sus características psicológicas, según psicólogos que trabajan en este campo. La prevención es fundamental, y en especial el rol de los centros educativos para la identificación de alumnado en riesgo.

Exigimos un protocolo claro para este tipo de casos, más orientadores y psicólogos en los centros educativos, y una reversión de los recortes en las plantillas de sanidad y educación para poder abordar este problema entre nuestros jóvenes.