Las trabajadoras y trabajadores del sector de la atención a las personas dependientes y/o desarrollo de la promoción de la autonomía personal, han demostrado de manera indiscutible que son esenciales para garantizar la calidad asistencial de las personas que más lo necesitan.
La crisis pandémica ha puesto de relieve el estado deficiente en el que se encuentran muchos de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, siendo aún más acentuado en los servicios dedicados a los cuidados. En lugar de reforzar y mejorar estos centros asistenciales, la preocupación del Gobierno Regional se ha centrado en abrir bares, centros comerciales y en crear un “hospital milagro” que pretendía “asombrar al mundo” y que, como otros tantos hospitales, excluyó a nuestras personas mayores de ser derivadas.
La deplorable gestión de la pandemia realizada por la Comunidad de Madrid nos ha situado a la cabeza en el número de personas fallecidas en las residencias durante la pandemia, con 6.963 personas fallecidas. De nada ha servido el gran esfuerzo realizado por el personal del sector de dependencia que ha trabajado sin EPIs y con una plantilla bajo mínimos que, lejos de ser reconocida y gratificada, ha sido olvidada.
Este sector, profundamente feminizado, incluye al personal de residencias para personas mayores, centros de día y de noche, viviendas tuteladas, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Son las que han cuidado a las personas afectadas por la COVID-19 arriesgando su propia salud con unas condiciones de trabajo precarias: bajos salarios, carga de trabajo excesiva, parcialidad y con una alta exposición a riesgos psicosociales. A estas pésimas condiciones de trabajo se suma el hecho de que llevan con el convenio colectivo paralizado desde el año 2018 y los salarios congelados desde el año 2019.
Por si está situación tan precaria en sus condiciones fuera poco, existe un grave hostigamiento empresarial hacia las profesionales del sector, que sufren amenazas e intimidaciones y reciben sanciones para hacer cuadrar las cuentas de este sector tan mercantilizado. Esas empresas imponen la política del terror laboral con la amenaza de despidos si se quejan de sus condiciones laborales, haciéndoles incluso firmar, en algunas de ellas, compromisos de confidencialidad para que no puedan denunciar públicamente las deficiencias de los centros en los que trabajan como si de la ley omertá se tratara.
Las privatizaciones de estos servicios esenciales han constituido una merma importante en la calidad de la atención de las personas dependientes cuyo objetivo es sacar el mayor beneficio económico por encima de la vida de las personas. Algunas de estas residencias se han adquirido mediante licitaciones en las que no se les ha exigido el cumplimiento de ningún tipo de ratio: una gerocultora levanta, asea, viste, da de comer una media de 15 residentes al día con un salario que en muchos casos no llega a los 1.000 euros al mes.
Desde el Partido Comunista de Madrid y la Juventud Comunista queremos mostrar todo nuestro apoyo al personal del sector de dependencia que se está movilizando por la dignificación de sus condiciones laborales y por unos ratios asistenciales decentes.
Porque las personas dependientes se merecen una atención de calidad.
#PonemosCaraALaDependencia
